La envergadura y alcance del circuito de alimentación de los chanchos es un misterio difícil de dilucidar sin la ayuda de la Justicia: se desconoce cuántos alimentos involucró, si estos alimentos, estaban efectivamente en mal estado, cuál era el criterio para la distribución de las partidas y, en la más canalla de las hipótesis, si no se fundaba, en rigor, en la comercialización de las mercaderías adquiridas por el Estado para morigerar el flagelo del hambre en una provincia donde el 25 por ciento de la población se nutre en comedores de diferente tipo, conforme a datos de la Dirección de Estadísticas y Censos. Si todo se hizo en forma extraoficial, no hay forma de saber si la documentación que eventualmente se presente está completa y es consistente. Todo se desarrolló al margen de los canales administrativos, no se sabe desde cuándo.¿Cuántos de los millones de pesos que se gastan en comida, supuestamente para morigerar la miseria, se quemaron o se destinaron a beneficiar el negocio porcino?
No ha desaparecido, por tanto, la necesidad Estatal de comprar comida, como tampoco las posibilidades de realización del negocio del hambre. Siguen las compras directas, con un agravante: la publicación de las adjudicaciones en el Boletín Oficial viene rezagada en por lo menos dos años, de modo que no es posible llevar fácilmente el seguimiento de las adquisiciones y poner al descubierto el negocio armado sobre la miseria de miles de catamarqueños e identificar a sus ideólogos, ejecutores y beneficiarios políticos y económicos. Siguen vigentes, en conclusión, los elementos que generan la sospecha, reactualizada por el incidente de los chanchos alimentados a costa del erario.
